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Seguro obligatorio para Apps y declaración del uso comercial

El uso de vehículos para prestar servicios de transporte de pasajeros mediante plataformas tecnológicas está sujeto a obligaciones legales y aseguradoras específicas.

En Argentina, estas obligaciones deben analizarse a partir de tres niveles: la legislación del Estado, la regulación de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y las condiciones de aceptación del riesgo por parte de las compañías aseguradoras.

El cumplimiento de uno de estos niveles no sustituye los requisitos de los demás.

1. Lo que dice la Ley Nacional de Tránsito

La Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 establece en su artículo 68 que los vehículos automotores deben contar con un seguro obligatorio que cubra los eventuales daños causados a terceros, transportados o no.

Por su parte, el artículo 40 establece los requisitos para circular, entre ellos la acreditación del seguro vigente.

Esta obligación es general: no depende de que el vehículo sea utilizado de manera particular o comercial. Sin embargo, la actividad efectivamente desarrollada puede exigir condiciones de aseguramiento adicionales.

La obligación legal de contar con un seguro no significa que cualquier póliza automotor cubra cualquier actividad.

2. Lo que dice la Superintendencia de Seguros de la Nación

La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es el organismo encargado de regular y supervisar la actividad aseguradora en Argentina.

Mediante la Resolución SSN 615/2019, se incorporaron condiciones específicas para el seguro de vehículos que intervienen en servicios convenidos mediante plataformas tecnológicas.

Esta regulación contempla la responsabilidad civil vinculada con esa actividad, incluidos daños a personas transportadas y no transportadas, así como otros riesgos definidos en sus condiciones contractuales.

La cobertura específica para plataformas y el seguro obligatorio automotor deben analizarse conjuntamente, atendiendo al alcance temporal y material de cada póliza.

La SSN señala que quien utiliza su vehículo para prestar servicios mediante aplicaciones debe contar con una cobertura adecuada para esa actividad y declarar ese destino ante la aseguradora.

Actualización normativa: la Resolución 615/2019 recibió modificaciones posteriores, entre ellas las introducidas por la Resolución 534/2023 y disposiciones posteriores. Por lo tanto, su interpretación debe realizarse conforme al régimen vigente y no únicamente a partir de su texto original.

3. Lo que establecen las compañías aseguradoras

Las compañías aseguradoras son las entidades que evalúan los riesgos cuya cobertura se solicita y deciden si celebran el contrato de seguro, dentro del marco legal y regulatorio aplicable.

La Superintendencia de Seguros de la Nación no puede obligar, como regla general, a una compañía a contratar con un solicitante determinado. Cada aseguradora establece políticas de suscripción y evalúa los riesgos que está dispuesta a asumir.

Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Seguros N.º 17.418 establece que la propuesta de seguro no obliga por sí sola al asegurador ni al solicitante.

Cuando la actividad está regulada

Cuando el transporte mediante plataformas cuenta con regulación aplicable, la compañía puede evaluar la solicitud dentro del marco legal y de las condiciones de aseguramiento correspondientes.

Para aceptar el riesgo, considera el uso declarado, las características del vehículo, la actividad desarrollada y sus propias condiciones de suscripción.

La existencia de regulación no implica aceptación automática ni obliga a todas las compañías a comercializar esa cobertura.

Cuando no existe regulación específica para la actividad

La ausencia de regulación específica no genera por sí sola una autorización para prestar el servicio ni obliga a una aseguradora a aceptar el riesgo.

En esos supuestos, primero debe determinarse cuál es el régimen jurídico aplicable a la actividad y si su prestación está permitida. Separadamente, debe analizarse si existe una cobertura aseguradora admisible y una entidad dispuesta a asumir ese riesgo.

La decisión de una compañía de aceptar una solicitud no reemplaza una autorización administrativa que pudiera resultar exigible.

Por lo tanto, deben distinguirse tres condiciones: actividad legalmente permitida, riesgo asegurable y aceptación contractual por una compañía.

4. Declaración obligatoria del uso comercial del vehículo

La Ley de Seguros N.º 17.418 regula la información que debe proporcionar quien solicita una cobertura y las consecuencias de modificar el riesgo originalmente asegurado.

El artículo 5 contempla la reticencia o declaración falsa de circunstancias relevantes al momento de contratar.

Los artículos 37 y 38 regulan la agravación del riesgo y el deber de comunicarla. Los artículos siguientes establecen sus efectos y las condiciones para la rescisión contractual.

Es necesario diferenciar dos situaciones:

  • Uso comercial existente al contratar: el solicitante debe informar correctamente el destino real del vehículo para que la aseguradora pueda evaluar el riesgo.
  • Cambio de uso posterior a la contratación: si un vehículo asegurado para uso particular comienza a utilizarse comercialmente, debe analizarse la obligación de comunicar la modificación antes de desarrollar la actividad.

La omisión puede tener consecuencias contractuales, pero su alcance debe determinarse según los hechos, las disposiciones legales y las condiciones de la póliza.

5. Diferencia entre seguro y habilitación para transportar pasajeros

El seguro automotor y la autorización para prestar un servicio de transporte responden a regímenes jurídicos diferentes.

La regulación del transporte determina si la actividad está permitida y cuáles son las habilitaciones, condiciones y obligaciones exigibles.

La regulación aseguradora establece el marco de las coberturas y de los contratos de seguro correspondientes.

En consecuencia:

  • Una póliza de seguro no constituye una habilitación para transportar pasajeros.
  • Una habilitación administrativa no sustituye el seguro exigible.
  • La aceptación del riesgo por una aseguradora no modifica la legalidad de la actividad.

Las exigencias deben verificarse de manera concurrente conforme al régimen aplicable.

6. Consecuencias legales del incumplimiento

Las consecuencias dependen de la obligación incumplida y de las circunstancias del caso.

  • Ausencia de seguro obligatorio: puede constituir una infracción a la normativa de tránsito y dar lugar a las sanciones correspondientes.
  • Uso comercial no declarado: puede generar consecuencias contractuales conforme a las reglas sobre reticencia o agravación del riesgo.
  • Incumplimiento de las condiciones de la póliza: puede afectar el alcance de la cobertura, según las disposiciones legales y contractuales aplicables.
  • Prestación de una actividad sin cumplir las exigencias regulatorias: puede generar las consecuencias administrativas que establezca el régimen de transporte correspondiente.

Estas situaciones no son equivalentes y no producen necesariamente las mismas consecuencias jurídicas.

7. Condiciones legales para utilizar un vehículo con Apps

Para determinar si un vehículo puede utilizarse en servicios de transporte mediante plataformas tecnológicas, corresponde verificar conjuntamente:

  1. Que la actividad esté permitida conforme al marco regulatorio aplicable.
  2. Que se cumplan las habilitaciones y demás requisitos exigibles.
  3. Que exista una compañía aseguradora que acepte el riesgo correspondiente.
  4. Que el uso real del vehículo esté correctamente declarado.
  5. Que la cobertura contratada esté vigente y contemple la actividad desarrollada.

El cumplimiento de las obligaciones de tránsito, transporte y seguros debe evaluarse en conjunto. Ninguna de ellas sustituye a las restantes.

Marco normativo de referencia

Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, artículos 40 y 68.
Ley de Seguros N.º 17.418, artículos 4, 5 a 10 y 37 a 42.
Resolución SSN N.º 615/2019 y sus modificaciones posteriores.
Reglamento General de la Actividad Aseguradora (RGAA).
Normativa aplicable a la actividad de transporte de pasajeros.

Información de carácter general. La aplicación de las normas depende de las circunstancias particulares, la jurisdicción competente y las condiciones contractuales vigentes. Este contenido no sustituye el análisis jurídico de un caso concreto.

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